O P I N I Ó N Editorial Noroeste

En Sinaloa, ¿Qué ocultan?

Tanto el Gobierno federal como un considerable número de gobiernos estatales han respondido con propiedad a los requerimientos de información que diversas entidades o personas físicas les han hecho, incluida la entrega de facturas, pólizas de cheques, recibos de honorarios y de nómina y, en general, toda clase de comprobantes sobre gastos con cargo al erario público. Haciendo uso del derecho que tienen todos los ciudadanos mexicanos, Noroeste requirió copias de diferentes documentos a los gobiernos estatales y comisiones de acceso a la información en nueve entidades del país y al Gobierno federal, similares a las que dependencias estatales sinaloenses se han negado a proporcionar, no sólo en esta administración, sino desde que entró en operación la ley de acceso local, hace 5 años dos meses, estando todavía Juan S. Millán al frente del gobierno. Desde el año 2003 hasta el presente año, este medio realizó diferentes ejercicios en los estados de Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Jalisco, Querétaro, Distrito Federal y Baja California, a los que se requirió información sobre el gasto público, entre otras cuestiones, utilizando para ello las leyes de Acceso a la Información Pública vigente en esas entidades. En los casos de los estados de Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Querétaro, las solicitudes de información se presentaron directamente ante diversas oficinas públicas, y en el caso del Distrito Federal y Baja California, así como del Gobierno federal, Noroeste utilizó los sistemas de información vía electrónica, conocidos como Infomex. En ninguno de esos casos hubo reticencias ni argucias para no proporcionar la información requerida, lamentablemente en Sinaloa, donde el gobierno presume de contar con una ley de avanzada en lo que respecta a acceso a la información pública, los ciudadanos se enfrentan a una aberrante cerrazón. Como se ha venido denunciando en este medio, desde el último año de la administración de Juan S. Millán, el Gobierno del Estado y sus dependencias, el Congreso del Estado, y los órganos autónomos, empezando por la propia Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, han recurrido a toda clase de argucias para negar el acceso a información que por ley debe ser pública. Para no entregar información que les es solicitada, se han emitido acuerdos de reserva hasta por 8 años, incluso hasta por 12 años en algunos casos, o simplemente se ha clasificado como "confidencial" la información que no se quiere dar a conocer, y de esa manera se han opuesto al escrutinio público. A punto de cumplirse el plazo legal para que Sinaloa y los demás estados del país adecuen sus leyes locales conforme la reforma constitucional, una iniciativa del Ejecutivo estatal insiste en proporcionar "versiones públicas" en lugar de copias de los documentos originales, tachando supuestos "datos confidenciales" como el Registro Federal de Contribuyentes. No hay, pues, intención del Ejecutivo estatal y del Congreso de abrirse al escrutinio público, de ahí la pertinencia de la pregunta: ¿Qué ocultan?