EFE
Ciudad de México .-El senador perredista Salomón Jara Cruz presentó hoy una denuncia penal en contra del ex presidente de México, Vicente Fox, y del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, por los presuntos delitos de genocidio y desaparición forzada de personas durante un conflicto social en 2006 en el sureño estado de Oaxaca.
El legislador presentó la demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la que señala además al procurador Eduardo Medina Mora y a otros tres funcionarios federales y estatales.
Jara precisó en rueda de prensa que hay indicios de delito por el abuso de poder de las autoridades y el encubrimiento de los responsables en el conflicto que se vivió en Oaxaca de mayo a noviembre de 2006, en el que grupos sociales y una fracción del sindicato de maestros exigieron la renuncia de Ulises Ruiz como gobernador.
Los inconformes, que se agruparon en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) , tomaron durante meses las calles del centro de la capital oaxaqueña, lo que avivó el conflicto en el que se registraron frecuentes choques con fuerzas del orden y con grupos de desconocidos con un saldo de más de 20 muertos.
"La justicia está totalmente desaparecida, pues de los 26 asesinatos que hubo en aquel conflicto hasta el momento no hay ningún detenido o un procesado" , sostuvo el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) .
Estos 26 asesinatos "se pueden calificar como un acto de genocidio" , dijo el legislador.
Afirmó que en caso de no atenderse esta denuncia, la izquierda mexicana recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "para exigir sanción a los culpables" .
Jara Cruz agregó que en un intento de desalojo los funcionarios señalados en su denuncia penal proporcionaron a los policías armamento de alto poder, así como bombas de gas lacrimógeno, picanas eléctricas, morteros y granadas, "sin mediar una orden de desalojo" .
La denuncia también implica a otros ex funcionarios y servidores públicos como el actual secretario (ministro) de Seguridad Pública, Genaro García Luna; la ex fiscal de Oaxaca Rosa Lizbeth Caña Cadeza y el ex secretario de protección ciudadana de esa misma localidad Lino Celaya Luría.
El caso de Oaxaca consternó a toda la sociedad civil nacional y extranjera, y en 2007 Amnistía Internacional pidió al Gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, llegar al fondo del caso luego de presentar su informe: "Oaxaca: Clamor por la justicia" .
El legislador presentó la demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la que señala además al procurador Eduardo Medina Mora y a otros tres funcionarios federales y estatales.
Jara precisó en rueda de prensa que hay indicios de delito por el abuso de poder de las autoridades y el encubrimiento de los responsables en el conflicto que se vivió en Oaxaca de mayo a noviembre de 2006, en el que grupos sociales y una fracción del sindicato de maestros exigieron la renuncia de Ulises Ruiz como gobernador.
Los inconformes, que se agruparon en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) , tomaron durante meses las calles del centro de la capital oaxaqueña, lo que avivó el conflicto en el que se registraron frecuentes choques con fuerzas del orden y con grupos de desconocidos con un saldo de más de 20 muertos.
"La justicia está totalmente desaparecida, pues de los 26 asesinatos que hubo en aquel conflicto hasta el momento no hay ningún detenido o un procesado" , sostuvo el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) .
Estos 26 asesinatos "se pueden calificar como un acto de genocidio" , dijo el legislador.
Afirmó que en caso de no atenderse esta denuncia, la izquierda mexicana recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "para exigir sanción a los culpables" .
Jara Cruz agregó que en un intento de desalojo los funcionarios señalados en su denuncia penal proporcionaron a los policías armamento de alto poder, así como bombas de gas lacrimógeno, picanas eléctricas, morteros y granadas, "sin mediar una orden de desalojo" .
La denuncia también implica a otros ex funcionarios y servidores públicos como el actual secretario (ministro) de Seguridad Pública, Genaro García Luna; la ex fiscal de Oaxaca Rosa Lizbeth Caña Cadeza y el ex secretario de protección ciudadana de esa misma localidad Lino Celaya Luría.
El caso de Oaxaca consternó a toda la sociedad civil nacional y extranjera, y en 2007 Amnistía Internacional pidió al Gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, llegar al fondo del caso luego de presentar su informe: "Oaxaca: Clamor por la justicia" .
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